El director interino de la Oficina de Servicio de Inmigración Ken Cucciunelli, anunció recientemente la entrada de la regla de innadmision que tiene que ver con la Carga Pública; la iniciativa castiga a quienes usen por ejemplo asistencia habitacional vía plan 8, cupones de alimentos, asistencia médica pública y otras formas de bienestar público.

Empecemos por definir que es Carga Pública:

Se define Carga Pública ahora, como una persona que recibe uno o más beneficios públicos por más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses

Es necesario informar a mis lectores que el haber usado beneficio público es solo uno de los criterios por parte de la Administración Central para determinar quién puede ser carga pública ; la regla no solamente admite y define quien es ineligible por haber usado beneficios públicos, sino que también deja a criterio de inmigración de quienes podrán convertirse en carga pública en el futuro; en este sentido se tomará en consideración la edad de la persona, el historial laboral, si es estudiante, el tamaño del núcleo familiar, el nivel en el dominio del idioma inglés, asimismo si buena parte de los ingresos del extranjero o inmigrante legal proviene del beneficio público aunque no sea quien lo reciba directamente podría verse afectado en su estadía en los EEUU, como es el caso por ejemplo de tener un hijo ciudadano que técnicamente puede recibir ayuda del gobierno pero se beneficia los miembros de la familia que aun están en algún proceso legal migratorio, por lo que pudieran quedar descalificados de igual forma si el caso migratorio de una persona requiere de una fianza también quedará afectada.

Esta regla otorga más poder a los agentes de la Oficina de Ciudadanía y Servicio Público, para decidir la prórroga de una estadía; y en caso de una respuesta negativa enviar al extranjero o inmigrante una notificación para que se presente a una Corte de Inmigración, para defender se y no ser deportado.

Hay excepciones a la regla anunciada por el Gobierno Central; por ejemplo aquellas personas que aspiren la Residencia a través de programas especiales como asilo, refugiados, tráfico humanos, víctimas de delitos violentos o que estén amparados por la ley de ajuste cubano; tampoco obviamente a los Ciudadanos estadounidenses, igual manera se excluye las mujeres embarazadas y los niños menores de 21 años que reciban esta ayuda de emergencia.

La Oficina de Inmigración y Ciudadanía estima que más de 4 millones y medio de inmigrantes se verían afectados por la nueva regla que les impide hacerse residentes a las personas que son consideradas una carga pública.

La nueva regla estará vigente a partir del 15 de octubre del presente año ; se espera que organizaciones pro inmigrantes introduzcan demandas en las Cortes contra la medida.