A través del Fiscal General William Baar, la Administración Trump ha decidido darle a las normas que rigen el asilo hasta ahora una nueva orientación. Es decir, desde ahora en adelante, los familiares de víctimas de violencia o de amenaza de muerte en manos de pandillas como las Maras o de Carteles de la droga por ejemplo, no les da el derecho de calificar o ser merecedor del beneficio del asilo.

Según el Fiscal General, quienes busquen el beneficio al asilo debe demostrar ”temor” a ser perseguido, por razones etnicas, políticas, religiosas o condición social, y no por su vínculo familiar con el victimizado. Esto no quiere decir que la solicitud de asilo sea totalmente ineligible o denegada, sino que ahora será más difícil, desafortunadamente, de comprobar. Esta decíson resulta en que el caso sea más débil para el familiar del victimizado que desea calificar al asilo. Ser miembro de un grupo social particular es clave para recibir asilo, de esta forma el Gobierno Central decidió que el vínculo familiar no cumple con este requisito .

Tras la revisión del caso LEA dictaminado por la corte de apelación en el 2018, el Fiscal William Baar dijo que el Tribunal reconoció la familia inmediata del padre del demandado como un grupo social para los fines de clasificar y obtener el asilo de conformidad con la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Para la Administración Trump, la familia no constituye un grupo social, lo que llevó al Fiscal General a revertir la decisión del juez de inmigración.

Los grupos sociales que califican para el asilo deben tener características invariables y totalmente distinguibles como miembros de un partido político o personas de la comunidad LGBT entre otros.

Para finalizar, hay que señalar que esta decisión no cambia otros aspectos del amparo migratorio, como son los hijos menores de 21 años o cónyuges de personas que ya ganaron su caso que aún podrán calificar para el asilo.